¡ ATENCIÓN A LAS FOTOS AÉREAS !
El Catastro ha enviado ya a los propietarios de chalets y
viviendas de más de 1.000 municipios una carta en la que les comunica la
apertura de un expediente, que conlleva el pago obligatorio de 60 euros, por no
haber declarado ampliaciones del inmueble. Hasta 2016 más de tres millones de
hogares recibirán esta comunicación.
Esta regularización catastral, que entró en vigor de forma
extraordinaria en 2013 y que se extenderá hasta 2016 para conformar una imagen
fiel de la situación de los inmuebles, supone un aumento de la recaudación para
los ayuntamientos, ya que se incrementa el valor de la construcción, al
detectar más metros de los que figuran en el recibo del Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI).
Por tanto, varía al alza la cuota a pagar del único impuesto cuya
recaudación ha crecido exponencialmente durante la crisis y que representa más
del 45% de todos los ingresos que obtienen las corporaciones.
Además, los municipios podrán exigir el pago de la parte proporcional
que resulte con el nuevo valor catastral de los últimos cuatro años, los
anteriores se consideran prescritos, más los correspondientes intereses de
demora.
Este cambio también modifica la imputación de rentas en el IRPF de
las viviendas no habituales, ya que los contribuyentes tributan entre el 1% y
el 2,1% del valor catastral de estos inmuebles y que ahora se eleva. También
afecta al pago del impuesto sobre plusvalías (Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana) que está vinculado al valor
castatral y que se aplica cuando se produce la venta de una propiedad.
En concreto, mediante el uso de fotos aéreas, este organismo de
Hacienda está incrementando las nuevas superficies construidas de muchos
inmuebles. Se trata de las reformas más habituales en los domicilios y no
comunicadas, pero conocidas por los ayuntamientos porque han otorgado las
licencias de obras, así como de aquellas que se han ocultado con intención de
defraudar como, por ejemplo, construir una casa en un terreno no urbano.
En la mayoría de los casos, se trata de piscinas, trasteros,
casetas, balcones y terrazas que se han cerrado, ampliaciones de las casas para
ganar unos metros al jardín o garajes construidos en la parcela. También
figuran terrazas en áticos que se han convertido en vivienda. La Ley del
Catastro Inmobiliario señala que cualquier alteración debe ser comunicada en un
plazo de dos meses después de su realización. En este sentido, si al acometer
las obras, el contribuyente solicita una licencia al ayuntamiento, este debería
haberse encargado de informar por escrito al Catastro para ampliar el valor
catastral y la recaudación por el IBI.
Pero no se ha hecho. Por ello, ha sido frecuente que estas
modificaciones no hayan sido declaradas por el contribuyente. Ahora es cuando
las corporaciones están enviando información al Catastro de estas alteraciones.
Esta comprobación masiva, que se va a generalizar en todo el país
(salvo País Vasco y Navarra), comenzó para 176 municipios en 2013 y se ha extendido
a otros 1.000 en 2014. Según figura en los Presupuestos Generales del Estado,
durante este año se están enviando 1,5 millones de expedientes para idéntico
número de inmuebles, y se prevé otra remesa de 1,4 millones en 2015. Para 2016,
último año de esta regularización que probablemente se ampliará a más
ejercicios, no hay previsiones aún. Pero, se estima que esta regularización
afectará a cerca del 10% de los más de 36 millones de recibos del IBI
existentes. Aunque la cifra puede ser superior.
Los expertos inmobiliarios consultados dicen que, aunque el
Catastro se limita a cumplir con la ley, este proceso «sólo tiene fines
recaudatorios».
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