El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna,
ha anunciado durante la presentación del Real Decreto del nuevo Plan de
vivienda, que entrará en vigor el 1 de enero, la concesión de una ayuda de
hasta 10.800 euros para que los jóvenes afronten los gastos de adquirir una
vivienda (tanto libre como protegida), con un límite del 20% del valor del
inmueble.
Los requisitos para acceder a esta ayuda
serán:
· Personas de hasta 35 años.
· Tener unos ingresos en el hogar inferiores a tres veces el Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). Esto es, 19.170,39 euros anuales
si se cobran 12 pagas y 22.365,42 euros si se reciben 14.
· La casa objeto de la ayuda deberá ser la vivienda habitual y permanente
durante un periodo mínimo de cinco años.
· Los jóvenes no podrán ser propietarios o usufructuarios de otra casa en
España, excepto si no dispone de ella por separación, divorcio o causas ajenas
a su voluntad.
Otra de las novedades del futuro plan es
que se incrementará de 600 hasta 900 euros ("en casos justificados")
el coste máximo de los alquileres que se podrán beneficiar de la subvención,
tanto para los jóvenes como para el resto de los arrendatarios.
En el caso de los jóvenes, la ayuda al
arrendamiento podrá sufragar hasta un 50% del alquiler mensual -un 30% en el
tramo de las rentas entre 600 y 900 euros-. De la Serna ha explicado que la
puntualización de "casos justificados" en las rentas más altas se
debe a que "hay lugares donde el precio del alquiler sube y la cifra de
600 euros no encaja con la realidad del mercado". En este punto, ha
mencionado ciudades como Madrid, Barcelona o Ibiza.
Al igual que en la ayuda a la compra, los
beneficiarios del subsidio al alquiler no deberán tener un sueldo superior a
tres veces el Iprem, que la casa subvencionada sea su residencia habitual y
permanente y no ser dueño de otro inmueble. Los mayores de 35 años podrán
recibir hasta el 40% de la renta que abonan sin límite -en el anterior plan
había un tope de 2.400 euros al año-.
Además, el Plan
Estatal de Vivienda 2018-2021 contemplará que el Estado y las autonomías asuman
el pago de entre 150 y 400 euros de alquiler a personas desahuciadas o
colectivos vulnerables, con una aportación del 80% del Ministerio y del 20% de
las autonomías.
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